SEGUR IBERICA ELIMINA LAS HORAS EXTRAS - POR CONTRA,ANUNCIAN QUE RESPETARÁN LA SUBIDA DEL 4,40 %

comunicado segur iberica

La dirección de Segur Ibérica, según manifiesta, como medida combativa contra la actual situación económica ha elaborado un plan de reducción del gasto basado principalmente en la eliminación de las Horas Extras.

Eso si, deja patente que podrán realizarse horas extras en caso de necesidad por incidencias, bajas médicas,emergencias, etc... EN DEFINITIVA: PODRA SEGUIR HACIENDOSE HORAS  PERO CUANDO A ELLOS LES INTERES.

En el comunicado que han dirigido a los trabajadores,indican que ya se han acometido otras medidas de austeridad (Reducción de personal administrativo,reducción de margenes,etc...), pero no son suficientes, ya que según dice, el gran gasto de la empresa está en el personal operativo.

Este es el  plan de control del gasto con afectación al personal operativo:

• Reorganización del tiempo de Trabajo,eliminando las horas extras 
• Eliminaron de los Pluses extra-convenio
• Absorción de complementos personales
• Reducción del numeros de jefe de equipo
• Distribución de las vacaciones
• Política de austeridad en los medios materiales

En contraprestación a estas medias Segur Ibérica anuncia que respetará la subida prevista en el Convenio para el año 2012 y que supone un incremento del 4,40%.

SEÑORES DIRECTIVOS DE SEGUR IBERICA:

CUANDO ACHACAN AL PERSONAL OPERATIVO EL GRAN COSTO QUE SOPORTA LA EMPRESA, INCLUSO CON LA INDECENCIA DE SUALDO QUE TIENEN, NO OLVIDEN QUE ELLOS SON LOS QUE PRODUCEN Y POR ENDE LOS QUE HACEN QUE TODO LO DEMAS FUNCIONE, INCLUIDO USTEDES

http://servigilantedeseguridad.blogspot.com/2012/02/segur-iberica-elimina-las-horas-extras.html

Prisión provisional y sin fianza para el conductor del camión acusado de atropellar a un vigilante en Albal (Valencia)

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El juzgado número 4 de Catarroja (Valencia) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el conductor de un camión detenido este jueves tras atropellar, presuntamente, a un vigilante de seguridad de una empresa situada en el polígono industrial de Albal (Valencia) que falleció en el acto.

La causa ha sido abierta por asesinato en concurrencia con alevosía, desobediencia y lesiones, según han informado a través del Twitter fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Agentes de la Guardia Civil detuvieron este jueves al conductor del camión después de que sobre las 08.00 horas, tras descargar el vehículo, atropellara supuestamente al vigilante de seguridad de la compañía cuando éste se disponía a salir de las instalaciones de una empresa situada en el kilómetro 7 de la V-31 en el polígono de Albal.

Hasta el lugar del accidente, se desplazó una unidad del SAMU (Servicio de Ayuda Médica Urgente) que únicamente pudo confirmar el fallecimiento de la víctima, de 60 años


info la vanguardia

Un camionero de Granada atropella a un vigilante tras una discusión, causándole la muerte

Un camionero de Granada ha atropellado a un vigilante de seguridad, causándole la muerte, tras una discusión entre ambos. Los hechos han ocurrido sobre las 8.00 de la mañana de este jueves en el interior de la empresa de frutos y zumos Frusa, ubicada en el polígono industrial de Albal, en Valencia.

El camionero huyó del lugar aunque se entregó poco después a la Guardia Civil. Un equipo de especialistas en investigación criminal de la Guardia Civil ha realizado esta mañana una minuciosa inspección en el lugar donde murió el vigilante, de unos 60 años de edad.

Según un testigo, el arrollamiento de la víctima no fue con la parte delantera del camión. La víctima tenía dos hijos y controlaba la descarga de la fruta en su empresa.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la correspondiente autopsia. El juez de guardia acudió esta mañana al lugar para supervisar las investigaciones de la Guardia Civil.

info ideal.es

Seguridad Integral Canaria lleva una década engañando a la Seguridad Social

La empresa del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, paga horas extras como "dietas" y "otros conceptos" para evitar cotizarlas, según documentos de la Inspección de Trabajo. Más del 70% de sus contratos son con administraciones públicas.

Seguridad Integral Canaria, empresa matriz delGrupo Ralons y propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, lleva al menos una década tratando de defraudar a la Seguridad Social. Lo demuestran varios documentos de la Inspección de Trabajo entre 2000 y 2011, que constatan que la empresa ha estado pagando horas extras a sus vigilantes en forma de "dietas" y "otros conceptos" para evitar 

cotizarlas. Con cerca de 2.000 empleados, Seguridad Integral es una de las grandes firmas privadas de las Islas. Lo preocupante es que más del 70% de sus contratos provienen de las administraciones públicas en Canarias y Madrid.

La empresa corre además el riesgo de incurrir en un delito penal si el fraude supera los 120.000 euros alguno de esos años, lo cual no sería de extrañar ya que gasta más de 30 millones de euros anuales en personal, según recoge en una carta de despido. Las denuncias por parte de vigilantes, sindicatos y patronal han sido constantes a lo largo de estos años, pero nadie de momento ha conseguido ponerle freno en estas prácticas. Más bien al contrario, Seguridad Integral ha ido obteniendo cada vez mayor volumen de contratos con ayuntamientos, cabildos y consejerías.

Uno de los documentos de la Inspección de Trabajo que constata lo dicho data del 30 de noviembre de 2004. La oficina en Santa Cruz de Tenerife había recibido una denuncia según la cual Seguridad Integral tenía en nómina trabajadores extracomunitarios sin permiso de trabajo. La Policía Nacional y la citada Inspección se pusieron en marcha, pero no se pudo comprobar ese extremo. En cambio sí se localizaron vigilantes sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Ese fue el primer aviso.

Después de algún tiempo, en otro escrito del 7 de marzo de 2006, la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social, en Madrid, constató a partir de sus propias indagaciones que la empresa de Ramírez tenía horas extra no cotizadas (en las nóminas de los vigilantes figuran como "dietas") entre 2004 y 2006, que afectaban a varios trabajadores de Seguridad Integral.

Un tercer documento del 14 de julio de 2006 procedente de la Inspección de Trabajo en Las Palmas, corrobora lo dicho en el párrafo anterior para el periodo comprendido de 2000 a 2004. El texto deja bien claro que "las cantidades abonadas [supuestas dietas] tienen naturaleza jurídica de salario y deberían haber sido incluidas en la base de cotización".

El último documento de la Inspección de Trabajo (pág. 1 y pág. 2) fue emitido hace apenas unas semanas, el pasado 11 de enero. Procede, igual que la segunda, de la Dirección Especial, sita en Madrid. Se informa de actuaciones inspectoras durante 2008, 2009, 2010 y 2011, y destaca que las horas extras se hacían pasar como "otros conceptos". En el informe consta que la empresa se vio obligada por este motivo a fraccionar el pago de los atrasos en 10 mensualidades durante el pasado año.

De hecho este es el sistema habitual. Seguridad Integral paga las horas extra bajo diferentes conceptos para evitar cotizarlas; se produce una denuncia; la Inspección de Trabajo detecta el fraude y sanciona por la vía administrativa; Seguridad Integral paga. La empresa utiliza este sistema desde hace más de diez años, de lo que no es difícil deducir que resulta más rentable que cumplir la ley.

Desde la Inspección de Trabajo en Las Palmas no se ha querido comentar el asunto, aduciendo que son cuestiones privadas, pero algunos trabajadores sí han manifestado su hartazgo ante lo repetitivo de estas prácticas por parte de Seguridad Integral.

No hay medidas extraordinarias que se puedan adoptar contra este engaño continuado, al margen de la sanción administrativa, salvo que lo defraudado supere los 120.000 euros al año. El artículo 307 del Código Penal y su jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen que para existir delito, además de cruzar ese límite, no solo debe haber impago sino ánimo defraudatorio, como demuestran las sanciones de Trabajo. No cuenta que luego la empresa se ponga al día de los pagos, ya que lo hace después del inicio de las labores inspectoras.

Cambio de administrador único

Las continuas sanciones de Trabajo, además de otros sucesos poco claros relacionados con su actividad, probablemente hayan provocado que el pasado 24 de octubre se produjera un hecho inédito en Seguridad Integral desde que Miguel Ángel Ramírez lleva las riendas, y que da idea de sus intenciones. Héctor de Armas Torrent, vicepresidente del Grupo Ralons -fue portavoz del Gobierno regional en tiempos de Jerónimo Saavedra- se convirtió en administrador único de la empresa de seguridad en sustitución del propio Ramírez. Se debe, según fuentes del sector, a la intención de Ramírez de evitarse problemas con la Justicia, como responsable civil de cualquier problema en que Seguridad Integral se vea involucrada.

Esto no es una simple conjetura, ya que Ramírez está imputado en un caso de estafa y apropiación indebida en el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife -el jefe de seguridad de AENA inventaba horas de servicio para Seguridad Integral- precisamente como responsable último de su empresa en aquel momento. Este y otros problemas con la Justicia, como su condena de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio -el fallo está recurrido-, le han hecho poner los pies en polvorosa y tratar de borrarse del mapa, al menos jurídicamente.

Además de esto, Ramírez creó a finales de noviembre pasado una nueva empresa de seguridad privada, Marsegur, en la que figura como administrador único Jesús Miguel Acosta Santana. Con un capital inicial de 60.200 euros, está muy lejos de los casi dos millones suscritos por Seguridad Integral Canaria, pero deja bien clara su intención de crear un entramado empresarial, además del Grupo Ralons que también preside. Algunos quieren pensar que con la intención de hacer propósito de enmienda. Otros creen que, con una condena a sus espaldas, es la fórmula que Ramírez ha encontrado para complicar el posible trabajo de la Justicia

info : infonortedigital.com

El gran fraude de la seguridad privada en Canarias

Varias empresas del sector llevan años cometiendo irregularidades ante la pasividad de los responsables políticos

Un policía conduce al detenido en la 'operación Rayo' en el sur de Tenerife. / CNP

El pasado verano la Policía realizó en el sur de Tenerife la primera operación en España contra el intrusismo en seguridad privada. Hubo varios imputados y un detenido que quedó en libertad tras declarar ante el juez. En enero se volvió a detener al mismo hombre, acusado de ejecutar el mayor fraude a la Seguridad Social en Canarias, de más de un millón de euros, a través de la misma trama empresarial. Es el ejemplo más reciente -y como se verá, no el único- de irregularidades en un sector donde se reparten jugosos contratos de vigilancia a través de distintas administraciones públicas, y que a menudo arroja más sombras que luces sobre las prácticas de las empresas contratadas.

Canarias Investiga ha trabajado durante meses en un reportaje que se irá desgranando en los próximos días, y que pretende poner de manifiesto que esta situación ocurre con el conocimiento de unos responsables políticos que, durante muchos años, han preferido mirar para otro lado.

Ya en 2005 los cuatro principales sindicatos de seguridad privada en Canarias (FTSP-USO, Intersindical, CCOO y UGT) hicieron pública una carta en la que denunciaron que la empresa que se estaba quedando con la mayor parte del pastel, Seguridad Integral Canaria, inclumplía sistemáticamente sus obligaciones laborales y tributarias, además de la Ley de Seguridad Privada. Esa firma, propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, como ESABE, de ámbito nacional y con presencia en las dos provincias canarias, han sido habitualmente objeto de la ira de los sindicatos, especialmente de FTSP-USO e Intersindical, los más activos en este terreno.

Durante estos años, varias empresas de seguridad privada -normalmente las que están fuera de la patronal Aproser- han sido sancionadas reiteradamente por diferentes incumplimientos. Intentos continuados de fraude que se han consumado en buena parte con el dinero público de los contratos de vigilancia. Baste decir que algunas de estas empresas han trabajado para las delegaciones de Hacienda y Seguridad Social, mientras recibían sanciones de los mismos organismos por diferentes impagos. Pero ahora retrocedamos una década.

Año 2000 y siguientes: fraude a la Seguridad Social. A mediados de la década pasada la Inspección de Trabajo en Las Palmas lleva algún tiempo interesándose por determinadas firmas de seguridad privada. En un escrito de 2006 se comunica a la parte denunciante que una empresa en concreto mantiene impagos a la Seguridad Social desde seis años atrás. Tras el requerimiento de deuda, la empresa implicada se pone al día. Pero no de manera voluntaria, sino porque la Inspección detecta el... ¿error? Se trata de horas extras ingresadas en la nómina de los vigilantes como "dietas", para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social. La intencionalidad del fraude es clara. Este juego del gato y el ratón ha continuado hasta hoy hasta el punto de convertirse en rutina, ante el hartazgo expresado por trabajadores de la citada Inspección de Trabajo.

Este fraude, que por sus dimensiones merecerá un capítulo aparte, no es el único. También se ha podido comprobar el pago de horas extras fuera de nómina por parte de ESABE Seguridad, eludiendo el pago correspondiente a la Seguridad Social. Así lo asegura unasentencia del pasado año del juzgado de lo Social nº5 de Santa Cruz de Tenerife. El juez no solo da la razón al vigilante de un centro asistencial en Arona (Tenerife), que denuncia a la empresa por despido nulo. También destaca que ESABE utilizaba una entidad ubicada en Barcelona y vinculada a la misma firma de seguridad para realizar los pagos fuera de nómina. Sin contar los indicios de falsedad documental sobre los partes de las horas de servicio. Los pagos bajo cuerda han sido puestos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, que el pasado año impuso un expediente sancionador a ESABE por la negativa a aportar los documentos que le requerían.

2005. Valle Tabares, centro de operaciones ilícitas. La Fiscalía de Menores es informada ese año de actuaciones de la Policía contra vigilantes sin titulación, en el centro de menores de Valle Tabares, en Tenerife. Meses más tarde la Dirección General del Menorsuspende a 24 vigilantes -22 en este centro, 2 más en Gran Canaria- por tener antecedentes penales como violencia de género, tráfico de drogas y robos con violencia. Uno de ellos estaba además en busca y captura.

A los responsables políticos no les parecieron suficientes las denuncias por malos tratos, palizas, violaciones, motines, incendios y tres muertes dadas a conocer por el Diputado del Común. Tuvo que darse la casualidad de que un antiguo director de la prisión Tenerife II reconociera a uno de estos vigilantes como ex recluso de la cárcel, y lo pusiera en conocimiento de la Fiscalía.

En verano de 2010 se destapa además la operación Bachiller, donde se detiene a 15 personas por falsificar títulos de Bachiller y FP a través de una academia de seguridad privada compinchada, certificados necesarios para acceder a los puestos de director o jefe de seguridad. En una ramificación de las investigaciones, nueve vigilantes de Valle Tabares son detenidos por falsificar su título. Pertenecían a Dialse, otra empresa muy conflictiva que acabó desapareciendo.

2009. Contabilidad creativa en el aeropuerto Tenerife Sur. El 3 de marzo de ese año la Guardia Civil detiene al jefe de seguridad de AENA en el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife. Se comprobó que entre enero de 2007 y febrero de 2009 contabilizó más horas de las reales a los vigilantes de seguridad privada, defraudando a AENA 186.800 euros. De nuevo aparece el nombre de Seguridad Integral Canaria. El responsable de contabilidad de esta empresa resulta imputado, aunque el juez instructor -la causa sigue abierta- no logra probar la complicidad entre ambos. Miguel Ángel Ramírez resulta igualmente imputado por delitos de estafa y apropiación indebida.

El auto del juez es muy esclarecedor de las circunstancias en las que se produjeron los hechos: "Como él mismo [Miguel Ángel Ramírez] manifestó en su declaración judicial, 'en condiciones normales, el cumplimiento escrupuloso de las condiciones fijadas en el pliego de contratación suponía un resultado deficitario para el patrimonio de la empresa'". El juez no tiene dudas de que esta afirmación es un indicio de la intención defraudatoria, además de que la empresa adaptaba su contabilidad para hacerla coincidir con las horas de servicio inventadas.

(En ese mismo periodo 2007-2009 se produce en el Cabildo de Gran Canaria una trama de cobro de comisiones ilegales, con horas de servicio ficticias, en el servicio de seguridad privada a cargo de Seguridad Integral Canaria. Mismo método, misma empresa, aunque en este caso la compañía se desentendió expulsando a los imputados).

Por sorpresa y contra todo pronóstico, en octubre pasado se supo que AENA está conforme con el servicio prestado durante el tiempo en que se produjo el fraude del aeropuerto, y que no tiene intención de sumarse a la demanda tras haber anunciado lo contrario en 2009. Tal es el sinsentido que caracteriza este sector en Canarias.

2010. Jefes se seguridad sin titulación. Desde finales de 2009, se empiezan a detectar en el Hospital Universitario de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, varios miembros del servicio de seguridad privada, proporcionado por ESABE, sin la titulación requerida. Tras varias denuncias a la Subdelegación del Gobierno -el intrusismo en seguridad privada está vigilado por la Policía-, se detecta en 2010 que un director de seguridad, dos jefes de seguridad y un vigilante están incurriendo en infracciones graves, extremo que es confirmado por el subdelegado del Gobierno en ese momento. Dichas infracciones suponen multas de 300 a 30.050 euros y suspensiones de hasta un año para ejercer.

2011. La Policía actúa. El pasado año ha sido uno de los más movidos en el sector en Canarias. Huelgas, una historia con tintes novelescos en la universidad, dos actuaciones policiales y un robo ha sido lo más destacado.

Uno de los hechos más controvertidos fue el culebrón que se produjo en la ULPGC con motivo de la renovación del servicio de vigilancia. Este medio adelantó que la universidad hizo oídos sordos a la auditoría de su jefe de seguridad, que recomendaba no renovar el contrato de más de tres millones de euros a Seguridad Integral Canaria por diferentes incumplimientos, y hacer un nuevo concurso público. Pero el propio servicio jurídico de la ULPGC desautorizó esa auditoría, recomendando lo contrario, renovar el contrato. Reuniones inéditas en la cúpula universitaria, un presunto ataque informático, filtraciones, informaciones confusas, una supuesta visita de una empresa rival y un conflicto laboral terminaron de enredar la cuestión, que se solventó con la renovación del servicio a la misma empresa.

En agosto se llevó a cabo en el sur de Tenerife la operación Rayo, primera en España contra el intrusismo en seguridad privada. El Grupo Operativo de Seguridad Privada (GOSP) de la Policía Nacional detuvo a un hombre acusado de un delito de intrusismo. El detenido y el resto de imputados ofertaban servicios de seguridad establecimientos del sur de Tenerife, empleando trabajadores sin titulación oficial. A pesar de las continuas sanciones, el sistema utilizado era tal que cuando la empresa del acusado era obligada a abonar la sanción, esta era descapitalizada y dada de baja en el registro mercantil, con lo que la actuación inspectora era inútil.

El 4 de noviembre pasado unos desconocidos se hicieron pasar por vigilantes de seguridad y robaron medio millón de euros del supermercado La Hucha, en La Laguna (Tenerife) a punta de pistola. La manera en que ejecutaron el robo y el hecho de que portasen uniformes de Seguridad Integral Canaria -la empresa que custodiaba el recinto- demostró que el golpe había sido planificado minuciosamente. La Policía sospechó enseguida de miembros de la red desarticulada en la operación Bachiller, que también habían pertenecido a Seguridad Integral hasta que fueron despedidos tras ser acusados en verano de 2010 de falsificar títulos.

Hace dos meses, este medio adelantó que la Policía preparaba una segunda operación el el sur de Tenerife, que se llevó a cabo semanas después con la detención de principal acusado en la operación Rayo, por estafar 1'2 millones a la Seguridad Social, la mayor cifra defraudada en Canarias hasta ahora.

Las huelgas han estado debidas principalmente a las reducciones de plantilla, debido en buena parte a impagos por parte de las administraciones públicas. Por tanto las más afectadas han sido las que más dependen de servicios contratados por estas. Según datos de la patronal Aproser, la cuarta parte de las contrataciones en España depende de las administraciones. Pero algunas empresas superan con mucho esta proporción, llegando al 70-80%, y han resultado por tanto más afectadas que las que dependen en mayor cuantía del sector privado.

Este año promete nuevas informaciones. Inspección de Trabajo, jueces, policías y los propios vigilantes están tomando conciencia del cáncer que supone para la sociedad y para ellos mismos tolerar estos comportamientos propios de empresarios que se ven como seres omnipotentes. Solo la clase política, de momento, parece vivir ajena a una realidad que también a ellos les quiere comer por dentro, en una versión más del Ensayo sobre la ceguera de José Saramago.

info canariasinvestiga

El Gobierno expedienta a la Tesorería por intrusismo en el servicio de seguridad

El sindicato USO alertó a Subdelegación de que el organismo público usa personal no habilitado y asegura que en la provincia hay 400 empleos ocupados por vigilantes no acreditados

Un trabajador de la Tesorería (derecha) controla el acceso.  información

PEDRO CERRADA 
El intrusismo en el sector de la seguridad privada genera importantes pérdidas desde hace años, pero ahora con la crisis se está acrecentando y no solo se detectan casos en empresas privadas, sino que las irregularidades alcanzan ya a organismos públicos de la provincia. Es el caso de la Tesorería de la Seguridad Social, que ha sido expedientada por la Subdelegación del Gobierno por una infracción muy grave al tener servicios de seguridad ilegales en las oficinas de la calle Mayor de Alicante, donde la Policía Nacional ha constatado que utiliza personal no habilitado para realizar trabajos propios de un vigilante de seguridad.

El expediente se abrió a finales de diciembre tras la denuncia presentada tres meses antes por el sindicato USO en la Subdelegación del Gobierno. La Policía Nacional realizó un informe que confirmaba el intrusismo denunciado por la Unión Sindical Obrera y por ello la Subdelegación promovió un expediente por infracción muy grave a la Tesorería. A la empresa denunciada también se le ha expedientado y se enfrenta a una sanción mínima de 30.000 euros.
El responsable de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO-CV en Alicante, José Carreño, señaló a este diario que reclamará a la Subdelegación que imponga una sanción económica a la Tesorería por permitir este claro caso de intrusismo.
Las oficinas del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) incluyen servicios de la Tesorería y del INSS. Sin embargo, mientras que el Instituto de la Seguridad Social cuenta en dicho inmueble de la calle Mayor con vigilantes de seguridad autorizados, el sindicato USO denunció que la Tesorería incumple la normativa de servicios de seguridad privada porque dispone de trabajadores de una empresa de servicios que no están habilitados para realizar funciones de vigilancia de seguridad.

Videovigilancia
Dicho personal se encuentra en el mostrador de acceso a las oficinas controlando las cámaras de videovigilancia y además realizan "rondas por el edificio, manejan y controlan los sistemas de seguridad del edificio, desconectan la alarma cuando abren por la mañana y controlan el acceso de las personas que van a la Tesorería", según el responsable de USO. Lo incomprensible, añadió el representante sindical, es que en el mismo edificio el INSS sí tenga personal autorizado para trabajar como vigilante de seguridad.
La denuncia por las irregularidades detectadas en la Tesorería es una de las 14 interpuestas durante 2011 por el Grupo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. Empresas de Orihuela, Torrevieja, Dénia, Alicante, Novelda, Polop y Pego fueron denunciadas por casos graves de intrusismo. Buena parte de estos casos de intrusismo se detectan en urbanizaciones que contratan a empresas sin personal cualificado para prevenir robos en sus casas.
En la provincia puede haber actualmente unas 400 personas que están prestando servicios propios de vigilancia sin estar habilitados para ello tanto en empresas privadas como en organismos oficiales, según asegura el responsable del sector en USO. Aproximadamente hay unos 3.000 vigilantes de seguridad acreditados en la provincia, de los que el 20% puede estar en el paro, asegura Carreño. El representante sindical indicó que la crisis está haciendo estragos en el sector y están notando que empresas que "antes tenían 30 vigilantes habilitados ahora tienen 5 y el resto de plazas las cubren con personal no cualificado".
El representante sindical lamentó la falta de personal en el Grupo de Seguridad Privada de la Policía para hacer frente a tantos casos de intrusismo en el sector. Según Carreño, las empresas pueden ahorrarse entre 300 y 500 euros por cada vigilante no acreditado que contratan.

El INSS también registra deficiencias
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Alicante no ha sido expedientado aún pero sí ha sido advertido por la Subdelegación para que subsane las deficiencias detectadas en la contratación del servicio de vigilancia que presta servicio desde hace un año en sus dependencias de la calle Churruca. Esta irregularidad fue denunciada por el Sindicato Independiente porque la empresa encargada de la seguridad en el INSS solo está autorizada para llevar vigilantes pero no para contratar las conexiones a una central de alarmas. La Subdelegación del Gobierno dio cinco días al INSS para que subsanara las deficiencias, pero inicialmente no hizo caso. P. C.

info diarioinformacion.com

PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA TIP (P-1)

Para conocimiento, y máxima difusión, se adjunta el documento elaborado, por parte de esta Unidad Central de Seguridad Privada, con motivo de la puesta en marcha, el próximo lunes 6 de febrero, de la nueva TIP para todo el personal de seguridad privada, en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.

Como se indica en el mismo, cualquier duda al respecto de su contenido debe ser realizada ante cualquiera de las 55 Unidades Territoriales de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

nueva tip

info S.S.CCOO.S.B

El Ayuntamiento dota de armas y uniformes a 'falsos' policías locales

La Guardia Civil abre una investigación a raíz de una denuncia del sindicato Sppme, que alerta de que un cuerpo de vigilantes municipales usurpa las funciones de los policías sin tener formación para ello.

Sede de la Policía Local, con los rótulos identificativos.

El patrullero de la Policía Local de Alcolea, aparcado en los juzgados de Lora del Río el pasado martes.

Visten como policías locales, llevan armas de fuego y patrullan en coches con distintivos policiales, pero no son policías. El Ayuntamiento de Alcolea del Río tiene un cuerpo de Policía Local formada por personas que ni han superado una oposición para policía ni han pasado su correspondiente periodo de formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). Por tanto, tampoco deberían estar capacitados para tener laslicencias de armas tipo A, que son las que poseen los agentes de las policías locales y de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los militares. 

Estos falsos policías trabajan por el Ayuntamiento como vigilantes municipales, una figura que la ley permite crearpara auxiliar o incluso sustituir a los policías locales en los municipios pequeños. Sin embargo, lo que la legislación no permite es que estos vigilantes vistan como policías locales ni que lleven las armas de fuego de éstos. En Alcolea, estos vigilantes llevan uniformes similares a los de los policías de cualquier otro municipio y en el vehículo que utilizan puede leerse claramente el rótulo "Policía Local". 

Es más, en el local que utilizan junto al Hogar del Pensionista del municipio también hay un cartel que loidentifica como sede de la Policía Local y una plaza de aparcamiento en la puerta con la leyenda "reservado Policía". Sólo en la página web del Ayuntamiento se habla de "vigilantes", si bien se hace en un apartado ilustrado con una foto de un chaleco con la leyenda "Policía Local". 

Los vigilantes sí han superado un proceso de selección y unas oposiciones, con pruebas físicas y psicotécnicas, al igual que los policías locales de cualquier otro municipio. Ahora bien, no han pasado el periodo de formación obligatorio en la ESPA ni tampoco realizado prácticas de tiro. 

Tampoco podrían ejercer fuera del término municipal de Alcolea. Sin embargo, este municipio firmó un convenio de colaboración en el año 2007 con otros ayuntamientos de la comarca, mediante el cual estos municipios podían cederse policías si las necesidades especiales del servicio así lo requerían. Este tipo de acuerdos es muy común entre localidades pequeñas para reforzar la seguridad sobre todo en las ferias. 

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre este asunto a raíz de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla. El secretario de Organización de esta central, Santiago Raposo, denunció hace unas semanas la existencia de falsos policías en otros municipios de Andalucía como Guaro (Málaga) en un programa de televisión nacional. A raíz de esta denuncia, el sindicato ha tenido conocimiento de más casos de intrusos en las policías locales de Andalucía y el de Alcolea es uno de ellos. 

El Sppme también responsabiliza a la Junta, concretamente a la dirección general de Política Interior, dependiente de la Consejería de Gobernación, dado que no existen controles para impedir a los ayuntamientos que creen un cuerpo que podría ser considerado parapolicial y dotarlo con uniformidad y armas que no deberían portar.

info diario de sevilla

Hasta el 2013 no serán obligatorios los guardas en los cotos de caza

Pamplona, 1 feb (EFE).- El Gobierno de Navarra ha aprobado hoy una nueva redacción del reglamento de caza y pesca consensuada con el sector, que incluye como principal modificación el retraso a febrero de 2013 de la obligatoriedad de disponer de guarda en los cotos de caza.

La modificación del reglamento, que databa de 2007, tiene como finalidad dar respuesta a las dificultades observadas en la aplicación práctica de algunos de sus artículos e incorporar algunas demandas del sector, según ha informado el Ejecutivo, que ha precisado que el nuevo decreto foral había sido informado favorablemente tanto por el Consejo Navarro de Medio Ambiente, como por la Comisión Asesora de Caza.

El Ejecutivo ha destacado que se retrasa hasta el 1 de febrero de 2013 la obligación de disponer de un guarda en los cotos de caza de la Comunidad Foral. El guarda se encargará de tareas relacionadas con la vigilancia y prevención del furtivismo y, sobre todo, será una herramienta clave para la gestión de las poblaciones cinegéticas y de sus hábitats en los cotos donde trabajen.

La nueva redacción detalla las funciones y los requisitos de acceso a la condición de guarda y establece la posibilidad de que los titulares de los cotos puedan emplear parte de la inversión obligatoria en la mejora del hábitat (al menos el 25 % de los ingresos obtenidos por el aprovechamiento del coto) en la contratación de la vigilancia, lo que supondrá una menor repercusión en la economía de las asociaciones de cazadores.

Otros cambios hacen referencia a la autorización de la cetrería en las zonas de caza sembrada de los cotos que así lo recojan en su Plan de Ordenación, pudiendo así realizarse entrenamientos a diario.

Sobre la concesión de licencias de caza, hasta la fecha servía como justificante de la aptitud del solicitante estar en posesión de licencia de otra comunidad autónoma o país, pero a partir de ahora, se deberá demostrar, además, que en esas autonomías o países se exigen para la expedición de la licencia conocimientos análogos a los que se solicitan a los nuevos demandantes en Navarra.

Además se regulan las invitaciones, permisos temporales y reservas para cazadores navarros sin coto en acotados adjudicados directamente a las asociaciones locales de cazadores y se obliga a los menores que quieran obtener una licencia de pesca a contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Asimismo, el nuevo reglamento aborda otras cuestiones como la excepcionalidad para autorizar la constitución de acotados menores de 2.000 hectáreas y detalla cómo deben realizarse las mediciones de superficie para esa contabilidad.

También se regula la modificación de todo lo referente a la señalización interna de los acotados y se matiza el número de armas que se pueden portar en los puesto de tiro de migratorias (una por cazador y tres por puesto de tiro), así como los usos para los que se destinan palomeras, malviceras y chozas de tiro.EFE

 info abc

INTRUSISMO PROFESIONAL ACONDICIONADOS COMO PRIVILEGIADOS

PRIMERO LOS LLAMAN CONTROLADORES RURALES, DESPUÉS LOS LLAMAN VIGILANTES

Ocho trabajadores del Centro Especial de Empleo harán labores de vigilancia en el campoÇ

Los nuevos vigilantes estarán coordinados con la policía local y Guardia Civil

Un total de ocho controladores rurales, pertenecientes a la sociedad municipal “Centro Especial de Empleo de Totana” (CEDETO), vienen trabajando ya desde hace un mes en las labores de patrullaje y vigilancia en el campo de Totana, en coordinación con Policía Local y Guardia Civil con el fin de intensificar el control en caminos rurales y evitar los robos en explotaciones agrarias y ganaderas del municipio.
Los controladores, cuyo servicio fue presentado oficialmente en el último Consejo Asesor Agrario y Ganadero, han recibido formación por parte de una empresa especializada de vigilancia homologada por el Ministerio del Interior; y reforzarán los trabajos de guardia que se realizan en zonas rurales de las distintas diputaciones totaneras.
Los vigilantes vienen prestando el servicio con un vehículo y, en adelante, lo realizarán con otros dos turismos más que se han adquirido recientemente, de segunda mano, y que se utilizarán para patrullar las zonas rurales.
Los vehículos de apoyo están equipados con emisoras de conexión directa a la Policía Local de Totana, linternas de largo alcance con carga en el vehículo y sistema de control vía satélite.
Además, los controladores, que van a prestar el servicio mediante turnos, disponen cada uno de un teléfono móvil con un número a disposición de las organizaciones agrarias y cooperativas de Totana y los representantes del Consejo Asesor Agrario.
De igual forma, CEDETO tiene la intención de continuar formando a profesionales en esta materia que progresivamente vengan a reforzar el servicio de control y vigilancia rural.
El Ayuntamiento de Totana y las tres organizaciones agrarias con representación en este municipio (COAG-IR, ASAJA y UPA) acordaron el pasado mes de octubre destinar la recaudación íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica a incrementar los servicios de vigilancia y seguridad en las zonas rurales coincidiendo con las campañas de cultivos de temporada.
Ambas partes suscribieron un convenio de colaboración por el que se acordó que los ingresos recaudados a partir del ejercicio 2011 por este concepto se dirigiera en su totalidad a incrementar la guardería del campo de Totana.
De esta manera, el cobro de este impuesto, que se venía subvencionando por parte del Consistorio a los usuarios desde hace varios años y que asciende a unos 150.000 euros, se está recaudando con el fin de incrementar la vigilancia rural. 

EN FIN MAS INTRUSISMO PERO ESTA VEZ SALEN EN PORTADAS DE PERIÓDICOS INCREÍBLE PERO ASÍ ES LA REALIDAD,CONTRA LO QUE LUCHAMOS DÍA TRAS DÍA

INFO http://www.totanaweb.es/noticia.asp?id=2643

PEQUEÑO RESUMEN 2008 A 2012 CONVENIO (SUELDO) VIGILANTE DE SEGURIDAD

La patronal sigue sin querer pagarnos lo que firmaron en 2010

Menos mal que los sindicatos de esta vez están todos de acuerdo, y dicen que la única reunión que cabe en estos momentos es para proceder a la revisión y firmar las tablas según la subida establecida en el Convenio

acta 2010

La patronal quiere volver a congelarnos el sueldo.

Acta de la reunión mantenida por la patronal y los sindicatos el pasado día 29 de diciembre, en la que la patronal propone una recesión en los derechos de los trabajadores, congelación salarial, y subida de 44 horas anuales. Menos mal que esta vez no ha firmado ningún sindicato.

acta 29 DE DICIEMBRE 2011

TODO ESTO NOS HAN "ROBADO" CON EL NUEVO CONVENIO.

2008: El sueldo del V.S. es de 1294,31€ al mes ( Salario base - Peligrosidad - Pagas Prorrateadas ).

2009: El sueldo es igual, ya que han firmado el 0% de subida cuando el IPC subió el 1.40%, o lo que es lo mismo, si hubiesen subido nada más que IPC el sueldo seria 1.312.43€ , o sea, 18.12 euros/mes menos.

2010: El sueldo es igual, ya que también han aceptado el 0%, cuando el IPC subió 0.80% lo que supondría que el salario seria 1.322.93€, o mejor dicho, 28.62 euros/mes menos.

2011: El sueldo será de 1.307.25€, firman el 1%, se prevee que el IPC suba el 2.3%, o lo que es lo mismo, 46.11 euros/mes menos.

2012: El sueldo será de 1.343.86€. Se estipula que la subida será del 2.8%, o sea, 29.80 euros/mes menos.

Con todo esto queremos comunicaros que en el año 2009 solamente con la subida del IPC, deberíamos de haber cobrado 217.44€ más al año. En 2010 con las mismas condiciones deberíamos de haber cobrado al año 343.44€ al año, lo que supondría que podíamos haber cobrado de atrasos a día 1-1-2011, 560.88€, además en 2011 tendremos una pérdida anual del sueldo de 553.32€ en el año y el 2012 de 357.60€ al año.

Por lo que resumiendo, cuando acabe el año 2012 cada Vigilante de Seguridad de España, tendremos unas pérdidas para nuestras familias de 1.475.80€ en este Convenio, todo estos teniendo en cuenta que son datos con las mínimas retribuciones que tiene un Vigilante, por lo que habría que añadir cada uno de nosotros los pluses individuales ( antiguedad, radioscopia, jefe de equipo, peligrosidad variable etc..) además de otros pluses como festividad, nocturnidad, Plus de Nochebuena, Nochevieja etc...)

Perdonad si con estos datos os he amargado el día, pero los datos son como son y todos tenemos derechos a saber la verdad.

Esto es copia de un email que nos enviaron de CSIF Malaga Seguridad Privada


INFO AGASEP