Placas de vigilante de seguridad y de matrícula incautadas en una operación policial (Foto: EP)
La Audiencia Provincial juzgará en esta vista a las 24 personas imputadas en este caso, la mayor parte de ellas en relación con delitos de falsedad documental, que se arriesgan a penas que van de uno a tres años de prisión. Sin embargo, cinco de ellos se enfrentarán a peticiones de penas muy superiores. Justino García Ferrándiz y Juan Cerecedo Fernández son los principales inculpados, por delitos continuados de falsedad documental, incluso en concurso con intento de estafa, y de tráfico de drogas. Para ellos se piden en total 12 años y once meses.
Antonio Cabado Lourés y Juan Carlos Bardancia Iglesias están acusados de ser quienes facilitaban la cocaína a los dos anteriores, por lo que la fiscal pide seis años para el primero y cuatro para el segundo.
El quinto es Senén Antonio Rodríguez Álvarez, quien supuestamente elaboraba las falsificaciones de los documentos aprovechando su trabajo en una imprenta. Se enfrenta a cinco años y once meses de cárcel.
Las fuerzas del orden dieron con ellos en 2005, a partir de unas escuchas telefónicas que un juzgado de Oviedo había ordenado sobre un súbdito colombiano, detenido en su día y en la actualidad expulsado de España, relacionado con el tráfico de drogas. Este se puso en contacto con Justino García para encargarle unas placas de matrícula falsas para una furgoneta, robada en Valencia, que iban a emplear en un negocio.
Para elaborar las placas, Justino García acudió a su amigo Juan Cerecedo, que había estado trabajando en varios talleres de Lugo. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, ambos utilizaron el dinero ganado con las matrículas (1.000 euros) para comprar cocaína, que luego vendían al menudeo. Quienes los aprovisionaban eran Cabado y Bardancia, que en los siete meses que estuvieron controlados por los agentes antes de ser detenidos vendieron a la pareja de amigos cerca de 400 gramos de coca.
Diplomas
Pero la pareja tenía además otras vías de financiación: la principal era la venta de diplomas para aspirantes a escoltas privados y vigilantes de seguridad, un documento que acredita que se han realizado los cursos y pruebas pertinentes y que es imprescindible para presentarse a las pruebas selectivas del Ministerio de Interior.
Para ello contaban con la ayuda de tres empleados de dos empresas de seguridad, que facilitaron los contactos y los diplomas que sirvieron de base para las falsificaciones. Estas corrían a cargo, según el fiscal, de Senén Antonio Rodríguez, que aprovechaba para ello sus conocimientos de informática y su trabajo en una imprenta lucense.
De este modo, más de una decena de personas, ahora imputadas, obtuvieron sus diplomas de vigilantes de seguridad, aunque solo tres de ellas se hicieron finalmente con sus placas oficiales: una de escolta privado y dos de vigilantes. La fiscal solicita ahora, además de las condenas respectivas, que les sean retiradas sus acreditaciones profesionales.
VIGILANTES
Uno de los cabecillas compró títulos para su hermano y su novia
Justino García aprovechó sus contactos para conseguir diplomas falsificados de vigilantes de seguridad para su hermano y para la que en el momento de los hechos era su pareja sentimental. Ahora ambos están encausados, pero mientras que para el hermano la fiscal pide un año de prisión, para la entonces novia solicita un año y nueve meses. Además, la mujer fue una de las que aprobó posteriormente las pruebas iniciales de Interior, por lo que la Fiscalía exige que le sea retirada su placa oficial de vigilante de seguridad.
22/12/2011 - Miguel Olarte / El Progreso (Lugo)
No hay comentarios:
Publicar un comentario