Los 27 vigilantes de seguridad de los parques de Las Palmas de Gran Canaria afectados por los recortes del Ayuntamiento han entregado en el registro de entrada de las oficinas municipales 3.000 firmas de apoyo de ciudadanos que solicitan la restitución del servicio 24 horas y una reunión con el alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, para intentar acercar posturas.
La plantilla de vigilantes en los parques, de Seguridad Integral Canaria, se ha reducido de 50 a 23 personas, de los que sólo 12 continúan trabajando. El resto han sido distribuidos en otros servicios. La portavoz de los trabajadores afectados por los recortes, María del Carmen Hernández, ha explicado que esta situación hace imposible controlar parques como el de Las Rehoyas o el Juan Pablo II y ha advertido de que “ya no se puede prevenir que pernocten indigentes o la venta de sustancias estupefacientes”.
Esta medida del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según los trabajadores, deja a 27 familias en el paro “relegados de un servicio necesario para la ciudad, cuya partida económica, que asciende a 2,3 millones de euros, sigue en la del canon variable de Parques y Jardines y no se ha trasladado a otros servicios”.
Los 12 parques afectados por los recortes han pasado de dos vigilantes por cada turno de trabajo a estar vigilados por una persona durante ocho horas al día, explicó Hernández, quien recalcó que los problemas en algunos recintos se han comenzado a notar. En el Parque de las Edades de Jinámar “ya ha habido una intrusión con rotura de cristales y 24 horas después un nuevo intento de intrusión”, denunció.
Las asociaciones de vecinos han apoyado a los trabajadores para que “la vigilancia en los parques se mantenga, al igual que los puestos de trabajo, y que podamos ir con tranquilidad a estos recintos”, afirmó el presidente de la asociación de vecinos ’20 de mayo’ de Cruz de Piedra, Felo Moreno.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió recientemente restablecer el servicio 24 horas durante la Navidad, algo que los trabajadores consideran “una prueba de que es absolutamente necesario”.
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