El poder para sancionar recaerá ahora en el consejero Jiménez Alli, número uno de los socialistas autonómicos.
Un mes antes de las elecciones generales, el pasado 18 de octubre, el ministro del Interior, Antonio Camacho, viajó a Pamplona para reunirse con una delegación del Gobierno de Navarra.
Tras el encuentro, ambas partes acordaron ceder el control, inspección, sanción y coordinación de empresas de seguridad privada a la Consejería de Interior del Ejecutivo foral, dirigida por el secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez Alli.
La decisión está amparada por la Ley 23/1992 de Seguridad Privada. Sin embargo, uno de los principales sindicatos policiales ha alertado sobre algunas posibles disfunciones.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha enviado una nota al Consejo de la Policía solicitando que la Unidad Central de Seguridad Privada, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, informe sobre si existen precedentes de esta cesión de competencias en la democracia, si hay otras comunidades autónomas que ya las ejerzan y si ha sido consultada la propia Unidad Central.
Desde la CEP preguntan a su vez a la citada Comisaría General por qué es tan reducida la presencia de la Administración General del Estado en el nuevo organismo, creado también en la citada reunión del 18 de octubre para coordinar la seguridad privada en la Comunidad Foral.
Asimismo, critican que la nueva situación permite que una misma empresa de seguridad inscrita en Navarra pueda ser inspeccionada al mismo tiempo tanto por el Cuerpo Nacional de Policía como por la Policía Foral.
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Autor: Roberto R. Ballesteros 
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